Carta a la Procuradora Ilva Myriam Hoyos en relación con familias de parejas del mismo sexo
Encuentro con Ilva Myriam Hoyos |
Washington, District of Columbia
Estados Unidos
8 de abril de 2013
Doctora
ILVA MYRIAM HOYOS CASTAÑEDA
Procuradora Delegada para
la Defensa de los Derechos de la Infancia, Familia y Adolescencia
E. S. D.
Referencia:
comunicación sobre el rol de la Procuraduría Delegada en relación con familias
conformadas por parejas del mismo sexo y protección de la infancia y personas
LGBT adolescentes.
Doctora Hoyos reciba un
cordial saludo,
El pasado 14 de marzo
en las instalaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
Washington, después de la audiencia sobre defensores de derechos sexuales y
reproductivos, me acerqué a conversar con usted y le planteé mi preocupación
por la falta de acción de su Procuraduría Delegada sobre los derechos de las
familias conformadas por parejas del mismo sexo. De forma atenta me invitó a su
oficina para conversar sobre el asunto. Como le manifesté, no podía aceptar la
invitación porque actualmente estudio una maestría en derecho en los Estados
Unidos. Para continuar nuestra comunicación entre ciudadano y funcionaria
pública decidí escribir esta carta y hacerle algunas solicitudes formales.
La Procuraduría General
de la Nación es una institución que debe defender los derechos humanos de todos
los colombianos, entre quienes nos encontramos gays, lesbianas, bisexuales, transgeneristas
e intersexuales (LGBTI). La Procuraduría no es propiedad de ninguna persona,
partido político, ni ideología. Por esa razón me acerqué a usted como
funcionaria pública para plantearle mi genuina preocupación sobre la actuación
de la Procuraduría Delegada y la Procuraduría General.
Con mucho respeto
quiero manifestarle que no sentimos que su Procuraduría Delegada defienda nuestras
familias, parejas e hijos; por el contrario, siempre que sabemos que usted o su
despacho van participar institucionalmente en discusiones sobre nuestros
derechos sentimos miedo, preocupación, ansiedad y mucha infelicidad. De hecho,
sus actuaciones en los últimos años frente a nuestras familias son contrarias a
nuestra intimidad y honra familiar.
Señora Procuradora, la
garantía de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales no es una
discusión ideológica ni personal. No es cierto, como lo plantea el señor
Procurador, que se trate de una nueva inquisición contra ustedes. En nuestra
memoria y en nuestra cotidianidad está claro lo que significa la persecución
por la orientación sexual y la identidad de género. La semana anterior a su
visita a Washington, en Barrancabermeja un grupo armado ilegal no identificado
amenazó a la comunidad en un panfleto que se declara como "Ejército
Anti-restitución, Anti-guerrilla, Anti-movimientos gays, Anti-Defensores de
derechos (camuflaje de guerrilla) Anti-sindicalistas, Anti-feministas,
Anti-víctimas".
Ese mismo mes
conmemoramos la muerte de nuestro gran amigo y activista LGBT Álvaro Miguel
Rivera, quien fue violado, torturado y asesinado en su casa en Cali.
Personalmente he sentido la discriminación en mi casa, en la calle y por el Estado. He llorado con algunos de mis
amigos por situaciones de discriminación y violencia. He investigado durante años
sobre las violaciones de derechos a la población LGBT y he litigado con pasión
por los derechos fundamentales. Nosotros mejor que nadie sabemos lo que
significa la inquisición moral y la persecución.
Doctora Hoyos, este
debate no es un juego político, ni una cruzada del bien contra el mal, ni
viceversa. Es una discusión sobre la dignidad humana de todas y todos sin
discriminación. Respeto su opinión y sus convicciones, sin embargo, no creo que
sea transparente imponerlas a través de la institucionalidad a costa de la
infelicidad de nuestras familias.
Tengo que reconocer con
humildad que en el desarrollo de mi activismo por los derechos no siempre he
sido respetuoso hacía usted, lo cual fue un error para el desarrollo del diálogo.
Conocerla personalmente me ayudó a recordar el valor político de rectificar y
enmendar el camino. Sin embargo, mis expresiones se hicieron en el marco de su
trabajo como funcionaria o personaje público y por el desarrollo de sus
funciones y sus ideas.
Muchos de mis colegas
consideran que esta comunicación con usted es inútil, porque nada la va a hacer
cambiar de opinión. Sin embargo, soy un santandereano terco y no quiero perder
la esperanza en la construcción de la paz y la convivencia. Con toda sinceridad
quiero manifestarle que la Procuraduría debe corregir el camino que ha tomado
sobre los derechos LGBT. Esta pugnacidad contra nuestros derechos no es buena
para nuestras familias e hijos, ni para la sociedad, ni para las instituciones,
ni mucho menos para la vigencia de la Constitución.
Tengo 30 años y sólo he
conocido un país en guerra. Doctora Hoyos, no quiero vivir luchando eternamente
por mi igualdad y libertad. Quiero poder vivir tranquilo en mi país y fundar
una familia como cualquier otro colombiano. Quisiera poder ser su vecino sin
que usted ni yo nos tengamos miedo recíproco. Que mis hijos pudieran estudiar
con los suyos sin odiarse. Quisiera tener instituciones que protegieran tanto a
los católicos como a los ateos. Quisiera tener una constitución para todos sin
importar nuestras diferencias. Quisiera ser un ciudadano como usted, con la
misma dignidad y los mismos derechos.
Es inusual hacer una
reflexión en una comunicación con una funcionaria pública, pero las
circunstancias actuales me obligan a salirme de las formas burocráticas de la
comunicación con el Estado. Espero entienda esta reflexión como un llamado a la
democracia y como un desarrollo del artículo 22 de la Constitución.
Según la sentencia
C-577 de 2011 y la sentencia T-716 del mismo año, las parejas del mismo sexo
conformamos una familia. La Procuraduría General interpuso solicitudes de
nulidad a ambas decisiones judiciales porque está en desacuerdo con esa
decisión jurisprudencial, que constituye cosa juzgada. La Corte Constitucional
en el Auto 022 de 2013 negó la solicitud de nulidad de la sentencia T-716 de
2011, y dijo sobre la Procuraduría:
“En contrario, la Sala
encuentra que el reclamo del señor Procurador General de la Nación está
realmente fundado en su disconformidad sustantiva con las conclusiones a las
que ha arribado la Corte Constitucional respecto del contenido y alcance de los
derechos de las parejas del mismo sexo, entre ellos el de conformar una
familia, en tanto comunidad de vida estable y singular, y el de recibir la protección que la Carta Política
prescribe para estas uniones humanas. No de otra manera puede comprenderse que
en la solicitud de nulidad de la referencia se señale que una de las razones
que motivan la nulidad del fallo atacado es la ausencia de una instancia para
“impugnar judicialmente” las sentencias de la Corte, en particular la decisión
C-577/11.
Esta clase de
cuestionamientos no son de recibo, puesto que se oponen a la cosa juzgada
constitucional, que en los términos del artículo 243 C.P. cobija a todos los
ciudadanos. Este mandato, a su vez, es
particularmente exigible al señor Procurador General, quien tiene la función
constitucional de vigilar el cumplimiento de la Carta, las leyes, las
decisiones judiciales y los actos administrativos (Art. 277-1 C.P.). Las sentencias que adopta la Corte
Constitucional son decisiones judiciales cuyo cumplimiento la Carta encomienda,
entre otras autoridades, al Ministerio Público.
A su vez, la definición del contenido y alcance de las normas
superiores, en general, y de los derechos fundamentales, en particular, es una
función pública que la Constitución ha adscrito a esta Corporación, de forma
prevalente y vinculante. En tal sentido,
las posiciones de otros órganos del Estado que cuestionen los fundamentos de estos
fallos, son plenamente admisibles dentro del debate jurídico propio de una
sociedad democrática, pero carecen de valor normativo, y menos pueden servir de
base para impugnar, a través de la solicitud de nulidad, las sentencias que
adopta la Corte”.
Señora Procuradora, el
debate judicial sobre las familias conformadas por parejas del mismo sexo está
cerrado por efecto del auto de la Corte Constitucional que niega la nulidad de
la sentencia T-716 de 2011. Por lo tanto le solicito respetuosamente que su
Procuraduría Delegada asuma la protección de las familias conformadas por
parejas del mismo sexo y sus hijos. Para ello le solicito que realice las
adecuaciones normativas e institucionales necesarias. En desarrollo de lo
anterior, le solicito que exprese públicamente su acatamiento del precedente
judicial sobre la protección de los derechos de las familias conformadas por
parejas del mismo sexo y sus hijos.
En caso que usted
considere que el debate judicial no se encuentra cerrado, por efecto de la
solicitud de nulidad que la Procuraduría General presentó contra la sentencia
C-577 de 2011, le solicito que indique detalladamente las razones jurídicas
para este criterio jurídico.
En el mismo sentido y
teniendo en cuenta el marco de sus funciones en la Procuraduría Delegada, le
solicito que incluya dentro de su trabajo a los niños y adolescentes lesbianas,
gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, o que manifiestan opciones
sexuales y de género distintas a las mayoritarias. Esta población es invisible
y sufre violaciones de derechos humanos en su casa, en el colegio y en la
calle. La Procuraduría Delegada no puede ser insensible ante el dolor y las
violaciones de derechos humanos de estos niños.
En resumen mis solicitudes
son las siguientes:
1. Le solicito me informe cuáles son las actuaciones
de la Procuraduría Delegada ha realizado con relación a las familias
conformadas por las parejas del mismo sexo. En caso que no lo haya hecho,
explique por qué ello ha ocurrido así. Además, le pido realizar las
adecuaciones normativas e institucionales pertinentes para que las Procuraduría
Delegada incluya a estas familias en su plan de acción y en cada una de las
actividades que realice.
2. En caso que niegue
mi petición anterior teniendo como fundamento el argumento de la solicitud de
nulidad de la sentencia C-577 de 2011, por favor explique detalladamente los
argumentos jurídicos que permiten esa desprotección, en especial de aquellas
familias en que tengan hijos e hijas.
3. Le solicito incluir
dentro de su trabajo de la Procuraduría Delegada a los niños y adolescentes
lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales o que manifiestan
opciones sexuales y de género distintas a las mayoritarias. En particular en
relación a la violencia intrafamiliar, la violencia en las escuelas y
agresiones por partes de terceros.
En ánimo de darle
transparencia a nuestra comunicación, me permitiré publicar esta comunicación
en mi blog y enviarle una copia al Magistrado Jorge Iván Palacio, presidente de
la Corte Constitucional, al señor Vicepresidente de la República, al Ministro
del Interior Fernando Carrillo y a la Comisionada Tracy Robinson, encargada de
la Unidad de los derechos de la población LGBTI de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Si usted lo considera pertinente, también publicaría su
respuesta.
Teniendo en cuenta que
vivo fuera del país y para facilitar la respuesta a esta comunicación, puede
ser enviada a mi correo electrónico malbarracin@gmail.com
Cordial saludo,
Mauricio Albarracín
Caballero
Estudiante Maestría en
Derecho - American University Washington College of Law
Becario Fulbright
Con copia: Magistrado Jorge Iván Palacio, presidente
de la Corte Constitucional
Vicepresidente
de la República Angelino Garzón
Ministro del Interior Fernando Carrillo
Comisionada Tracy Robinson, encargada de la Unidad de los derechos de la población LGBTI de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comentarios
Independientemente de las decisiones que se tomen en la procuraduría u otra instancia política en cuanto a los derechos de la numerosa comunidad lgbt, Hay que seguir velando por los derechos humanos! persistir y nunca decaer. No dar un paso atrás y siempre guerrero ser!
David Quintero G.