NO MÁS SILENCIO: CENSURA, DISCRIMINACIÓN Y CORRUPCIÓN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA

NO MÁS SILENCIO: CENSURA, DISCRIMINACIÓN Y CORRUPCIÓN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA

De: Daniel Antonio Sastoque Coronado

Enviado el: jueves, 31 de marzo de 2011 8:55

Para: PGN

Asunto: No más silencio: Censura, Discriminación y Corrupción en la Procuraduría General de la Nación de Colombia

Importancia: Alta

Desde el año pasado el Procurador General de la Nación de la República de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, censuró el trabajo en Derechos Humanos que adelantaba Daniel Antonio Sastoque Coronado, asesor del Grupo de Asuntos Étnicos y Minorías Sexuales de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, en la ejecución de la Acción Preventiva No. 04 de 2010 “Fortalecimiento de la Función Preventiva de la PGN en materia de Derechos de la población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales)” y, contrariando la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos, le asignó funciones en la Procuraduría Regional de Cundinamarca con el propósito de retirarlo de las actividades de promoción y defensa de los Derechos de la población LGBTI a nivel nacional, decisión arbitraria que no fue motivada pues careció de estudios previos de la planta de personal para justificar su traslado.

El Procurador General de la Nación no permitió la publicación en la página Web de la entidad de todo el material generado para la defensa de los Derechos de la población LGBTI y en especial se abstuvo de firmar un proyecto de circular dirigida a todo el Ministerio Público (Personerías municipales y distritales, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) en el cual simplemente se recordaban los Principios de Dignidad, Igualdad y No Discriminación previstos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), la titularidad que también tiene la población LGBTI de todos los Derechos previstos en la Constitución Política y en los Instrumentos de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Estado Colombiano y la obligación de dar cumplimiento a las Resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género emitidas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El trabajo preventivo también se había formulado para hacer seguimiento a las políticas públicas garantizando el respeto a los Derechos de la población LGBTI, verificar el cumplimiento de fallos judiciales, en especial de la Corte Constitucional y de decisiones de Tribunales y Organismos Internacionales de Derechos Humanos que han presentado observaciones y recomendaciones al Estado Colombiano sobre la grave situación de Derechos Humanos de la población LGBTI, como lo hiciera la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El asesor trasladado preparaba la elaboración de un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la propia Procuraduría Colombiana en noviembre de 2009 ante dicho Organismo Internacional.

La decisión de Ordóñez Maldonado truncó, de igual manera, la capacitación que se adelantaba a más de 300 servidores y servidoras de la Procuraduría a nivel nacional, cuyos módulos incomodaron a la actual administración de la Procuraduría General de la Nación por ser abiertamente contrarios a la ideología confesional evidenciada en casos sonados como el aborto y la familia conformada por parejas del mismo sexo.

El actual Procurador General de la Nación publicó en 2003 dos veces el mismo libro con diferente nombre (“Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad” y “El libre desarrollo de la personalidad o el fundamento libertario de la Corte Constitucional”) que reciclaría nuevamente en 2007 en “El nuevo Derecho, el nuevo orden mundial y la revolución cultural”, textos en los que expresa abiertamente su homofobia, el rechazo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, sostiene que los Organismos Internacionales como la ONU, la OEA, la UNESCO, la UNICEF, el PNUD, la OMS, la FNUAP y la Corte Penal Internacional forman parte de una red jurídica internacional que atenta contra las naciones, la familia católica tradicional y los valores divinos, al tiempo que repudia la teoría y los estudios de género y el multiculturalismo, elementos todos ellos incluidos en la Acción Preventiva No. 04 de 2010, que hicieron insostenible el trabajo de defensa de Derechos de la población LGBTI adelantado por Daniel Antonio Sastoque Coronado.

Dicho asesor también conocía denuncias de graves violaciones de Derechos Humanos a población LGBTI como torturas, ejecuciones extrajudiciales, amenazas y desplazamiento forzado de población homosexual y transgénero, pero ni las solicitudes del Sindicato de la Procuraduría (SINTRAPROAN) ni las del servidor censurado han sido atendidas y por el contrario desde el año pasado se les ha negado el acceso a la información y a los documentos que supuestamente justifican su traslado.

Esta censura evidencia una vez más la preocupación de la Comunidad Internacional y las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos por el desmantelamiento que ha hecho Ordóñez Maldonado de las oficinas especializadas en Derechos Humanos en la Procuraduría General de la Nación a través del manejo de la planta de personal, el retiro y traslado de servidoras y servidores con alta cualificación en dichos temas, sustituyéndolo por personal inexperto, así como la injerencia de la clase política y la fuerza pública en la entidad y las decisiones del Ministerio Público en casos de gran trascendencia como las ejecuciones extrajudiciales (“Falsos positivos”), las interceptaciones ilegales (“chuzadas”) y otros actos de corrupción que salpicaron al anterior gobierno (“Yidispolítica”).

¿Lucha contra la corrupción?  A pesar de que el asesor censurado es especialista en Derechos Humanos, tiene estudios de maestría en la misma área y es experto en sexualidad, géneros y diversidad, la Administración de Ordóñez Maldonado contrató un extranjero para dictar un taller de dos días y medio por un valor de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000). El taller, en el cual participaron menos de 10 personas, no cumplió los objetivos pues el conferencista no tenía conocimiento y experiencia específica en el tema y por el contrario de dedicó a defender las tesis del Procurador General de la Nación frente al aborto, la planificación familiar, la patria potestad, la protección de la familia tradicional y la vindicación del honor, la templanza, la castidad, la virginidad, el pudor, la pureza, la modestia, la pulcritud y el candor como “virtudes sexuales”, al tiempo que cuestionó el abordaje sobre el ejercicio de la sexualidad juvenil que se hiciera en Caracol Radio.

En octubre de 2010 ante el Sindicato de la Procuraduría (SINTRAPROAN) y varios medios de comunicación presentes, sin el menor escozor el Procurador General de la Nación reconoció: “también he pedido perfiles a Senadores … Que se ha politizado pues no les puedo aceptar eso por lo que les digo. Leen demasiado a El Espectador y poco, con poca objetividad lo que hace el señor Procurador, entonces, que eventualmente le he pedido perfiles a los Congresistas sí, y desecho muchos hasta que no encuentre alguien con el perfil exigido (…)”.  El Procurador General de la Nación guardó silencio ante la solicitud pública que se hiciera para que le informara al país a qué Congresistas les estaba pidiendo Hojas de Vida y el porqué. Posteriormente la Administración se negó a contestar de fondo un Derecho de Petición con el que se pedían tales respuestas.

Las reiteradas visitas de congresistas, especialmente integrantes del Senado de la República, a las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación parecen no estar dirigidas precisamente a la defensa de los Derechos Humanos sino orientadas a la reelección de Ordóñez Maldonado. Los movimientos de la planta de personal, amparados en una interpretación abusiva de las facultades discrecionales y el ejercicio del ius variandino se corresponden con los fines de un Estado Social y Democrático de Derecho. Con su política burocrática de manejo de personal, el Procurador General de la Nación generó un detrimento al patrimonio del Estado Colombiano pues los recursos del tesoro público y de Cooperación Internacional invertidos en los procesos de Selección de Personal y capacitación para el desempeño de funciones se han perdido con los traslados injustificados del personal y el nombramiento de nuevos provisionales desconociendo el conocimiento y la experiencia del personal que ha salido de la entidad. No es oculto que la Procuraduría se convirtió en el peldaño de las pensiones de la burocracia polítiquera, con la gravedad de que quienes aspiran a mejorar su pensión no tienen precisamente los conocimientos técnicos y la vocación del servicio público que el país necesita.

Muchas servidoras y servidores en la entidad desempeñan funciones superiores a las de los cargos en los cuales se encuentran nombrados, tal es el caso de una sustanciadora o un secretario que desempeñan funciones del nivel profesional, o de profesionales que desempeñan funciones del nivel asesor, o asesoras y asesores que cumplen funciones de otros grados superiores del mismo nivel. Si hay vacantes necesariamente la Administración debe cumplir el Principio de “A trabajo de igual valor, salario de igual valor” soportado en los Convenios Fundamentales de la OIT y proceder a nombrar en provisionalidad a tales servidoras y servidores en dichos cargos y sólo cuando haya suplido tales necesidades ahí si puede disponer de las demás vacantes. Pero lo que resulta oprobioso es que para satisfacer cuotas políticas y burocráticas se nombre en los altos cargos a otras personas, varias de ellas inexpertas en temas especializados, y el personal de carrera siga devengando por debajo de las funciones asignadas. Tampoco es de recibo que para garantizar que las personas cumplan las funciones para las que fueron nombradas se instruya a las directivas que dicho personal deje de desarrollar las funciones profesionales y se les asignen funciones que desmejoran su perfil y experiencia, habiendo ya realizado tareas de complejidad superior por las que no les pagan ni acreditan experiencia, habiendo tales plazas para ello. Preocupante es también que a personas que llevan varios años en provisionalidad en sus cargos se les de por terminada la misma sin esperar a que sus cargos sean ocupados por aquellas personas que luego de un concurso público de méritos accedan legítimamente a él.

La existencia de “enlaces” de la Fuerza Pública con acceso pleno y permanente a las instalaciones de la entidad y la ola de remisiones y devoluciones de investigaciones disciplinarias a la misma, han acabado con la credibilidad de la gestión de la entidad, pues socavan su autonomía e independencia.

Como si fuera poco, con recursos del Estado se construyó y dotó un “Oratorio” (entiéndase “capilla”) en las instalaciones de la entidad, el cual está surtido con imágenes católicas y en el que se celebran ritos de la misma religión para unas poquísimas personas, cuando muchas dependencias de la Procuraduría no cuentan con las mínimas condiciones para el trabajo digno, debiendo incluso muchas servidoras y servidores subsidiar las comisiones de servicio y elementos de trabajo que debe financiar el Estado. La oficina de seguridad de la entidad tiene como “emblema” la figura de un caballero templario plasmada en un cuadro particular dispuesto al ingreso de dicha dependencia y que se utiliza en todas las comunicaciones oficiales. Aunado a ello, espacios abiertamente públicos como el Auditorio Antonio Nariño y la Sala de Audiencias tienen exhibidos crucifijos. 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negaron en primera y segunda instancia, respectivamente, la Acción de Tutela (Acción de amparo de Derechos Fundamentales) sin estudiar de fondo los argumentos esgrimidos. Aplicando los criterios establecidos para la selección de tutelas, finalmente la Corte Constitucional Colombiana eligió para su revisión la Acción presentada por el asesor Daniel Antonio Sastoque Coronado y se espera para los próximos meses su fallo.

Por la lucha contra la discriminación y la censura, por la lucha contra la corrupción y la protección del patrimonio público: ACTÚE. NO CALLE. Pida cuentas al Procurador General de la Nación de Colombia a través del correo quejas@procuraduria.gov.co y exíjale una respuesta.

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2011

Este mensaje ha sido enviado en ejercicio de los Derechos a la libertad de expresión y a la información y el deber que nos impone no desfallecer en la lucha contra la corrupción y la Defensa de los Derechos Humanos previstos en la Constitución Política Colombiana y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Estado Colombiano.

Cordial saludo:

DANIEL ANTONIO SASTOQUE CORONADO

Asesor

Procuraduría General de la Nación

Carrera 10 No. 16-82, Piso 9

Tel: 5878750, ext. 14504

Fax: 5878750, ext. 14502

correo: dsastoque@procuraduria.gov.co