Seguridad ciudadana para la comunidad LGBT: el caso de la escopolamina

Seguridad ciudadana para la comunidad LGBT: el caso de la escopolamina


Durante los últimos años las bandas criminales que usan la escopolamina o “burundanga” han centrado como objetivo de sus crímenes a la comunidad LGBT. Diversas informaciones de autoridades y activistas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali confirman que es un fenómeno que afecta a la comunidad LGBT de las ciudades grandes del país. De hecho en estas ciudades se concentra la población LGBT más grande y visible del país, y son ciudades con una importante actividad nocturna para la población LGBT.

Junto a la violencia homofobica y el abuso policial, la ocurrrencia de estos delitos son uno de los principales retos para la seguridad de la población LGBT en Colombia. La ausencia de condiciones de seguridad en los espacios de rumba para la comunidad LGBT, que en algunas ocaciones es el único lugar público donde las personas pueden expresar su afecto, es una vulneración al derecho a la seguridad personal. Hay dos dilemas que deben ser resueltos para lograr avanzar en este debate.

Dilema 1: el móvil del delito

El primer dilema es determinar el móvil del delito. Lo que conocemos del fenómeno no nos permite afirmar con certeza que se trate de crímenes causados por la orientación sexual de las víctimas. Pero lo cierto es que los victimarios si tienen en cuenta la forma como los integrantes de la comunidad LGBT se relacionan, es decir, se aprovechan de las condiciones de confianza y cercanía para cometer los delitos. En este sentido la orientación sexual es una causa indirecta de la comisión de estos delitos, no sólo por la utilización de las formas de relación de la comunidad LGBT, también por la afectación desproporcionada de la comisión de este delito contra esta comunidad (en algunos casos de homicidio se han encontrado señales de uso de escopolamina).

Dilema 2: Cómo enfrentar este delito?

Una reciente crónica del diario El Tiempo presentó esta información:

“Burundanga y otras sustancias Apague y vámonos. Daddy Yankee, Vicente Fernández, Bjork y cien más animaron la rumba de Theatron. Las 3 menos 10. Las luces se encienden. Muy cerca, los delincuentes preparan la celada.
“Hay bandas de escopolamina que se han especializado en gente LGBT porque saben que no denuncian, ya que no quieren ser estigmatizados. Además, la Policía los trata despectivamente”, asegura la alcaldesa de la localidad, que en 2009 invertirá 150 de los 11 mil millones de su presupuesto en el centro comunitario, campañas contra la homofobia y capacitaciones para ofrecer turismo gay internacional. El coronel Álvaro Uribe, jefe de los 260 policías de la localidad, reconoce la existencia de dichas bandas, pero reparte las cargas. “No faltan el policía y el ciudadano machista que dicen:quién lo manda a ir a un mariqueadero, quién lo manda a estar por ahí tirado a las 4 de la mañana, dando papaya para que lo atraquen”. (24 Horas En ‘Chapigay, El Tiempo, 3 de mayo de 2009).

Las medidas para enfrentar este delito deben ser integrales y sostenidas. Deben incluirse medidas relacionadas con la prevención del delito (campañas de autoprotección – rumba segura), protección y atención inmediata de las víctimas en caso de ocurrencia del delito (cuando son encontradas en calles, bares y discotecas, en sus apartamentos, etc); investigación y sanción, este es quizás la fase donde no se ha avanzado en nada por parte de las autoridades. Las autoridades de seguridad son espectadoras del fenómeno pero no han implementado medidas de investigación y sanción efectivas y ágiles. Esta inactividad de las autoridades genera desconfianza y escepticismo por parte de la comunidad, y esto contribuye a incrementar la impunidad. Además la ausencia de denuncia se ve agravada por varios factores:

(i) La revictimización por parte de las autoridades al culpabilizar a la víctima como responsable del delito, bien sea por su orientación sexual o su comportamiento personal.

(ii) La impunidad generalizada frente a la investigación y sanción de los delitos contra toda la comunidad.

(iii) La persecución y criminalización de la rumba a partir de las medidas el alcalde Samuel Moreno, han generado mayores niveles de “clandestinización” y falta de control para la protección de los derechos ciudadanos. El enfoque de la administración local actual ha sido la restricción de los derechos con medidas de control, pero no ha concentrado sus actividades en garantizar las condiciones para el mayor disfrute de los derechos en la horas de la noche. Por ejemplo, en una rumba para la comunidad LGBT a la que asistí esta semana la policía uso 3 vans de la policía para garantizar el cierre del establecimiento (que por cierto ya estaba cerrando) un total de 10 a 12 policías estaban realizando un control administrativo que no ataca las causas de la inseguridad. El uso del 5% de los policías de una localidad para cerrar un establecimiento muestra la ineficacia en el uso de los recursos y la falta de prioridades en el mantenimiento de una seguridad pública efectiva.

Es indispensable crear una política de seguridad ciudadana integral que se enfoque en proteger a la comunidad LGBT frente a los delitos y riesgos derivados de sus actividades públicas. De lo contrario tendremos derechos constitucionales de papel y la misma realidad violenta y homofobica que no cambia solamente por los triunfos legales.