¿Iguales, pero no tanto? por Carolina Giraldo

En la historia de la humanidad, se ha legalizado la discriminación de grupos sociales con base en condiciones intrínsecas de los individuos, como el color de la piel, el género, o la orientación sexual. 

En 1896, en Estados Unidos la Corte Suprema avaló por primera vez una legislación estatal que contemplaba baños y otros espacios para “negros” y para “blancos”. Esto ocurrió siguiendo la idea de “separados pero iguales”, una noción que prosperó en el Sur de los Estados Unidos hasta que en 1964 la ley de derechos civiles terminó con esta y otras formas de discriminación formal.

Colombia no ha estado al margen de esta historia: en 1934, cuando surgió la entidad que daría lugar a la Registraduría Nacional y mediante la cual se expidieron las primeras cédulas modernas, a las mujeres se les negó el derecho a obtener cédula de ciudadanía y a votar a pesar de que estas eran ya reivindicaciones vigentes. Si bien las mujeres habían conseguido algunos derechos como la educación y el derecho a ocupar ciertos cargos en la administración pública, se argumentaba que “las mujeres no son iguales a los hombres” y por lo tanto sólo tenían derecho a una tarjeta de identidad. 

Sólo en 1956 se expidió la primera cédula femenina y a partir de 1957 las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto, convirtiéndose en ciudadanas plenas. Vale la pena decir que Colombia fue uno de los últimos países en dar el paso hacia el sufragio femenino en América Latina, adelantándose tan solo cuatro años a Paraguay, el último país de la región en conseguirlo en 1961.

Respecto a las personas LGBTI, en el territorio colombiano la corona española condenaba a los “sodomitas” con la pena de muerte, siguiendo lo expuesto en las leyes conocidas como las Siete Partidas de Alfonso X. En 1608, Juan Sánchez de Conteras murió en Pamplona a manos de la justicia criminal (no la religiosa) por haber tenido relaciones con otro hombre y luego quemaron su cuerpo hasta que quedó hecho polvo, según lo contemplado por estas leyes. La homosexualidad dejó de ser considerada un delito con la expedición del Código Penal en 1980 (entró a regir en 1981) y el Estado colombiano ha pasado de ser represor con las personas LGBTI, a intentar ser garante de derechos.

Hoy el congreso colombiano sabe que tiene en sus manos un momento histórico: puede legalizar la discriminación promoviendo una figura de “unión solemne” exclusiva para personas LGBTI, o puede dar un paso hacia el matrimonio igualitario, que representa la igualdad ante la ley. De esta manera, el congreso sería decisivo para no repetir la historia de letargo que vivieron las mujeres colombianas con el voto. Después de todo, es bien sabido que el matrimonio igualitario será una realidad. ¿Por qué no ahora, si se trata de los derechos de aproximadamente el 10% de la población colombiana? 

Texto de Carolina Giraldo. 
Imagen de Paola Camargo y Carolina Giraldo.